La implementación del seguro obligatorio para vehículos en Guatemala ha generado una fuerte reacción tanto en el Congreso como en la opinión pública. Mientras el Gobierno defiende la medida como una necesidad para mejorar la seguridad vial, diversos bloques de oposición han presentado amparos legales con el argumento de que afecta la economía de los ciudadanos y vulnera derechos fundamentales.
Medidas y reacciones
El Organismo Ejecutivo, a través del Ministerio de Gobernación, emitió tres acuerdos que establecen la obligatoriedad de un seguro para todos los conductores. No contar con él implicará sanciones que van desde Q500 para motocicletas hasta Q4,000 para autobuses. La disposición, que entrará en vigor el 1 de mayo, ha sido recibida con resistencia por parte de algunos sectores.
Las protestas no se hicieron esperar. El 18 de marzo, bloqueos en distintos puntos del país fueron el preludio de acciones legales impulsadas por los bloques legislativos de oposición. Diputados de agrupaciones como Todos, VOS, UNE y Nosotros han cuestionado la medida, alegando que su implementación podría estar favoreciendo a ciertos sectores económicos más que a la ciudadanía.
Amparos ante la CC
El bloque Todos presentó un amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC), argumentando que la disposición atenta contra el derecho a la libre locomoción. De manera similar, el diputado José Chic, de VOS, solicitó una acción legal al considerar que el seguro obligatorio supone una amenaza para la seguridad vial y la economía familiar.
Desde la UNE, el diputado Inés Castillo fue más allá y sostuvo que esta medida podría estar respondiendo a intereses financieros. «No es la falta de un seguro lo que causa accidentes, sino la corrupción en el sistema de tránsito. Con esta decisión, se estarán pagando más de 1,000 millones de dólares anuales en seguros, beneficiando a un sector específico», criticó.
Nadia de León, de Nosotros, coincidió en que la disposición del Ejecutivo pudo haberse manejado de una mejor manera. «No hay una planificación clara. Esta medida impacta directamente en la economía de los guatemaltecos, en un contexto donde ya enfrentamos aumentos en la canasta básica y en los servicios básicos», advirtió.
Por otro lado, el diputado Cristian Álvarez, de Creo, propuso una alternativa: un punto resolutivo para extender el plazo de aplicación del reglamento, con el fin de que los ciudadanos puedan adaptarse a las nuevas exigencias sin un impacto económico inmediato.
El respaldo al Ejecutivo
A pesar de las críticas, también hay quienes defienden la iniciativa. Desde el Movimiento Semilla, el diputado Ronalth Ochaeta argumentó que la medida responde a una demanda ciudadana tras accidentes recientes, como el ocurrido en la calzada La Paz. «Esto es un avance para Guatemala. En otros países, el seguro vehicular es una norma establecida. Aquí se está intentando poner orden en un sistema que ha estado descuidado por décadas», afirmó.
Según Ochaeta, la oposición está politizando una decisión que busca beneficiar a la población. «No podemos seguir en un estado donde no hay responsabilidades claras en el tránsito», agregó.
Debate abierto
El tema ha polarizado el debate. Mientras los amparos avanzan en la CC y algunos bloques analizan estrategias legales adicionales, el Gobierno mantiene firme su postura de implementar el seguro obligatorio. La discusión no solo enfrenta a la oposición con el Ejecutivo, sino que también ha generado opiniones divididas entre la ciudadanía, que ve con preocupación el impacto económico de la medida, pero también reconoce la necesidad de mejorar la seguridad vial en el país.
A medida que se acerca la fecha de entrada en vigor, la incertidumbre persiste. ¿Logrará la oposición frenar la medida, o el Gobierno impondrá su nueva regulación? Por ahora, el debate continúa abierto en los tribunales y en la opinión pública.