El diputado José Inés Castillo, del bloque UNE, presentó el 23 de junio una solicitud formal para que el Congreso conozca con carácter urgente la “Ley de Exoneración del Impuesto sobre Circulación de Vehículos Terrestres”. La iniciativa busca eliminar uno de los cobros anuales más odiados por la población. Pero, ¿es esta medida una respuesta justa a la carga tributaria o un movimiento populista en medio de una economía frágil? ¿Quién gana y quién pierde con esta propuesta?
La SAT estima que este impuesto representa más de Q700 millones anuales para las arcas del Estado. En paralelo, el organismo tributario proyecta una recaudación de Q119 mil millones para 2026. Aunque esas cifras parecen positivas, se dan en un contexto de morosidad ciudadana: para finales de junio, más del 65 % de los automovilistas aún no había pagado el impuesto de circulación. ¿Indica esto apatía, resistencia o incapacidad? ¿Y cómo afectaría una eliminación del impuesto a la cultura tributaria?
Mientras se plantea eliminar un impuesto clave, en EE. UU. se discute imponer un 3.5 % sobre las remesas, lo que podría significar una pérdida de hasta US$860 millones anuales para el país. Economistas advierten de una tormenta perfecta: una menor recaudación local, presiones externas y un gasto público creciente. ¿Puede el Estado darse el lujo de prescindir de este impuesto en este escenario?
Desde el MICIVI se han lanzado planes como Conecta 2025 para atender el colapso vial causado por las lluvias, pero muchos proyectos están paralizados desde hace meses, incluso años. La CA‑9 Sur, por ejemplo, sigue colapsada en varios tramos. La exoneración del impuesto haría aún más difícil financiar estas reparaciones. ¿Qué sentido tiene “premiar” el uso del vehículo si las carreteras no están en condiciones para circular? La Coordinadora Nacional para el Mantenimiento Vial ha sido duramente criticada por no adjudicar proyectos clave, convocando a su primer consejo de 2025 con dos meses de retraso. El sector privado lo denuncia. Mientras tanto, el Congreso no exige cuentas ni soluciones. En este contexto, ¿es sensato debilitar aún más la fuente de financiamiento para infraestructura básica?
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Este mismo Congreso ha impulsado leyes relevantes, como la de Competencia, pero también ha sido criticado por lentitud, clientelismo y falta de visión fiscal. La iniciativa de UNE podría leerse como una forma de capitalizar el malestar ciudadano. ¿Se trata de una respuesta real a las necesidades del pueblo o de una estrategia electoral anticipada para 2027?
El FMI prevé un crecimiento económico moderado y un déficit bajo control, pero la realidad es más turbia. Expertos advierten que Guatemala se acerca peligrosamente a un desequilibrio estructural. Eliminar ingresos recurrentes sin una fuente de reemplazo podría agravar este panorama. ¿Es el país consciente del sacrificio estructural que implica esta ley?
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La exoneración del impuesto puede sonar bien: alivia la carga inmediata sobre la población, en especial para la clase media. Pero sin una estrategia integral de recaudación y ejecución, podría convertirse en una bomba de tiempo para las finanzas públicas. En un país con carreteras destruidas, instituciones paralizadas y riesgo fiscal en aumento, ¿es esta iniciativa una solución viable o solo una señal de que la política sigue apostando por atajos en lugar de reformas estructurales?
Aunque puede también verse desde una posición contraria por parte del congreso al MICIVI diciendo: Como sabemos que no vas a trabajar ni emplear este dinero para recuperar las carreteras y solucionar la mala conectividad vial interdepartamental pues mejor no te damos ese dinero, pero deja más dudas que beneficios cual sería la estrategia para contrarrestar esto.