Por: Lic. Raúl Berríos
En la historia reciente de la movilidad humana internacional, los migrantes se han constituido en un grupo en situación de vulnerabilidad y riesgo, debido a las características que implica realizar su intento migratorio de forma irregular, contexto en el cual, los migrantes indocumentados fueron víctimas de algunos abusos como maltrato, cohecho, malos tratos, privación de libertad, violencia y violación sexual, salarios difereciados, entre otros.
Sin embargo en las últimas décadas, las noticias han dado cuenta de situaciones críticas y dramas humanos, como los secuestros, extorsiones, asesinatos y masacres de migrantes, situación que se inicia desde el año 2010 y hasta el 2021 aun ocurrieron tragedias como la de los migrantes guatemaltecos, oriundos en la mayoría de casos del municipio de Comitancillo, departamento de San Marcos que fueran masacrados en Santa Anita, Tamaulipas, Estados Unidos Mexicanos.
Ante dicho contexto, los derechos humanos de los migrantes, fueron reconocidos a traves de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, emitida por el Sistema de Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1990 y en vigencia desde el año 2003, gracias a la veinteava ratificación del Estado de Guatemala. A partir de entonces los países que la suscribieron han realizado importantes cambios.
Destacan los marcos normativos que han incluido el enfoque de derechos humanos, el derecho a un trato digno, el voto en el extranjero para los migrantes de los países que ratificaron la convención, el derecho a diseñar e implementar políticas migratorias y procesos de regularización, el respeto a las características culturales de origen, entre otros temas importantes e impostergables.
De los países de la región, Estados Unidos Mexicanos, Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua han ratificado dicha convención, generando importantes procesos que reflejan un trato diferente, en comparación con la década de los años noventa, que además de ser un tiempo de altos flujos migratorios, los orígenes eran diversos, como la India, China, Pakistán, Congo así como de Ecuatorianos, Bolivianos y Colombianos, quienes en su paso por Guatemala, algunos de sus derechos fueron violentados, porque la institucionalidad privilegiava el enfoque de seguridad, en lugar del enfoque de derechos humanos.
Desde esa perspectiva es importante indicar que si ha habido incidencia de lo establecido en la convención mencionada, además de otros esfuerzos internacionales por disminuir la incidencia del riesgo y la vulnerabilidad, como el Pacto Mundial para la Migración, Ordenada, Segura y Regular, aprobada por la mayoría de países del mundo el 10 de diciembre del año 2018. Se trata del primer acuerdo intergubernamental de la ONU que establece un marco integral para gestionar la migración internacional respetando los derechos humanos de todos los migrantes, evitando exponerlos a los dramas que han representado para los migrantes y sus familias en el marco de la migración irregular y las condiciones, costos económicos, sociales y humanos. El desafío es inmenso, como la importancia y los aportes de los migrantes a sus países de origen, el reconocimiento de que son portadores de derechos es un paso importante, y será estratégico, seguir trazando programas, planes y proyectos que pongan en el centro del debate los derechos humanos de las personas migrantes, sin discriminación alguna, tomando en cuenta la importancia de abordarlos desde una perspectiva integral como país de origen, tránsito, destino y retorno en Guatemala. Migrar es un derecho humano y el respeto de su integridad el valor más supremo para los Estados.