El paro de labores iniciado la noche del lunes 18 en el Puerto Santo Tomás de Castilla escaló en 72 horas de una protesta local a un shock logístico nacional: más de 2,700 contenedores detenidos, al menos nueve buques en espera y pérdidas que rondan los US$10 millones diarios, superando US$30 millones en tres días, con énfasis en perecederos y carga de temperatura controlada, según la Asociación Guatemalteca de Exportadores (AGEXPORT).
La Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla (Empornac) y cámaras empresariales señalan que un grupo reducido de trabajadores mantiene bloqueos dentro de la terminal, con retención de maquinaria y suspensión de operaciones. La empresa califica la medida como una “represión ilegal” tras la ruptura, el 13 de agosto, de una mesa de diálogo sobre condiciones laborales. La parte trabajadora, por su lado, se presenta como movimiento legítimo ante reclamos pendientes.
En respuesta, Empornac y la Cámara de Comercio han presentado acciones de amparo ante la Corte de Constitucionalidad para restablecer la operatividad. Los recursos legales buscan habilitar medidas para cesar los bloqueos y normalizar el flujo de carga.
La dimensión del impacto
Cadena de suministro: El paro interrumpe despachos hacia más de 25 puertos conectados por el Atlántico, con efectos en rutas hacia Golfo, Costa Este/Noreste de EE. UU., el Caribe y el norte de Europa. Esto ya atarasa la rotación de buques en el Caribe y eleva costos por congestión.
Flujo diario: El movimiento de ~800 contenedores por día está comprometido, con 31% de perecederos según estimaciones sectoriales. Los perecederos (valor hasta US$90 mil por contenedor) concentran el mayor riesgo de pérdidas irreversibles.
Costo diario y acumulado: AGEXPORT convergen en US$10 millones por día de pérdidas; el acumulado superó US$30 millones al tercer día.
Efecto naviero: Cámaras reportan buques retenidos en fondeo sin posibilidad de operar, lo que interrumpe abastecimientos para la producción local y exportaciones.
Contexto estructural: esto no es un incidente aislado
Aunque el detonante es laboral, el fondo es sistémico. Cuando un “grupo reducido” logra inmovilizar una terminal estratégica, la señal al inversionista es que la continuidad operativa no está blindada. En logística moderna, resiliencia pesa tanto como costo. Importadores y navieras ajustan ventanas y escalas con base en confiabilidad. Tres días de caos bastan para que rutas y contratos se reconfiguren a favor de puertos competidores en la cuenca (ej. Puerto Cortés en Honduras o terminales caribeñas de mayor continuidad). Esto no requiere un “boicot” formal: basta con que las matrices de riesgo bajen la ponderación de Guatemala. Efecto cascada de costos. La congestión activa recargos y sobreestadías; algunos medios reportan recursos legales para habilitar medidas drásticas, mientras gremios alertan de sobrecostos y pérdida de competitividad. La combinación de paros + recargos + retrasos deteriora márgenes de agroindustria y manufactura orientada a exportación.
AGEXPORT y cámaras exigen restablecer operaciones y respaldan amparos para que autoridades actúen en el marco legal. También alertan de impacto en empleo y pérdida de confianza internacional. Empornac busca ruta legal, denuncia retención de maquinaria y solicita facultades para terminar la medida de hecho y sustituir personal si fuese necesario, manteniendo “ventana de diálogo”. Trabajadores alegan reclamos legítimos por condiciones y rechazan ser deslegitimados como “represalia ilegal”.
Cuatro tesis para entender el riesgo-país que emerge del paro
Fragilidad institucional operativa. Si la continuidad del 30%+ de las exportaciones marítimas puede interrumpirse por un conflicto focalizado, hay un déficit de protocolos de crisis, planes de contingencia y mecanismos de “puerto mínimo” (minimum essential service) para mantener operaciones críticas aún con protestas. Esto exige reformas de gobernanza portuaria y acuerdos laborales con cláusulas de operación segura durante disputas.
La logística castiga la incertidumbre más que el costo. Un exportador puede absorber un recargo; lo que no puede es perder la ventana del barco o romper cadena de frío. Cada hora parada aumenta el costo de oportunidad para Guatemala frente a puertos sustitutos en la región. Un solo episodio prolongado puede regrabar en los algoritmos de planificación de navieras la etiqueta de “riesgo operativo.”
El costo social de la inacción es regresivo. No solo grandes exportadores pierden: pymes, proveedores de servicios locales en Izabal y empleo indirecto (transporte, estiba, MRO, frío) son los más vulnerables, sin espalda financiera para aguantar días sin flujo. La elasticidad de esos eslabones es baja: un parón como este puede sacar empresas del mercado.
Legal sí, pero con reloj. La ruta de amparos es legítima, pero el tiempo logístico es distinto al judicial. Una solución “legal-lenta” equivale, en la práctica, a una no-solución para perecederos. Se necesita una mesa técnica urgente con metas horarias: reabrir operación mínima (muelles/reefer/ventanas de gate) mientras continúa la negociación de fondo.
