En el complejo entramado jurídico de Guatemala, la acción de amparo se erige como una garantía fundamental contra actos arbitrarios del Estado o de particulares. Sin embargo, esta herramienta legal también ha sido utilizada de manera maliciosa para entorpecer la administración de justicia, protegiendo intereses de personas con poder económico, político y social. Para comprender a fondo esta problemática, conversamos con Edgar Osvaldo Aguilar Rivera, abogado y notario con más de 30 años de experiencia, quien ha dedicado gran parte de su vida a la docencia y a la investigación en el ámbito del derecho constitucional.
Foto: Anónimo
«El amparo es un mecanismo de defensa del orden constitucional, no una simple acción», enfatiza Aguilar Rivera. «Tiene como propósito garantizar derechos fundamentales como la libertad personal, la inconstitucionalidad de leyes y la protección de derechos sociales». En teoría, los tribunales tienen la obligación de admitir y tramitar los amparos el mismo día de su presentación, lo que denota su importancia en el marco jurídico del país.
El amparo como un escudo protector
Según el entrevistado, esta figura legal permite frenar el autoritarismo y el abuso de poder, actuando como un recurso vital para la protección de los derechos humanos. «El amparo es la herramienta que permite a los ciudadanos exigir respeto a sus derechos cuando estos son vulnerados por cualquier autoridad», añade.
El lado oscuro del amparo: litigio malicioso y corrupción
A pesar de su noble propósito, el amparo ha sido objeto de manipulación por parte de abogados inescrupulosos que lo utilizan para dilatar procesos judiciales en beneficio de clientes con altos recursos. «Se ha convertido en un instrumento de litigio malicioso. No es raro encontrar bufetes especializados en el abuso del amparo, que lo emplean para bloquear casos de corrupción y garantizar impunidad», denuncia Aguilar Rivera.
Las estadísticas refuerzan su argumento. Solo en 2011, la Corte de Constitucionalidad recibió 5,142 expedientes de amparo, cifra que aumentó a más de 6,000 en 2012. Gran parte de estos recursos fueron utilizados para paralizar la acción de la justicia. Casos emblemáticos como el de «Dos Erres», «La Línea», «el Bufete de la Impunidad» y las Plazas Fantasma son solo algunos ejemplos donde el amparo fue empleado como un escudo para encubrir actos ilícitos.
La responsabilidad del sistema judicial
Otro factor clave en esta problemática es la complicidad o ineficiencia del propio sistema judicial. «Las autoridades judiciales deben responder ante la ciudadanía por la prolongación injustificada de procesos debido al uso abusivo del amparo», señala Aguilar Rivera. La burocracia y la falta de ética en algunos sectores del sistema permiten que los procesos que deberían resolverse en semanas se extiendan por años, generando una sobrecarga en los tribunales y afectando la percepción de justicia en el país.
El abogado enfatiza que es necesario un cambio cultural para frenar este fenómeno. «Si promovemos una cultura de legalidad, podremos limitar el abuso del amparo y asegurar que este recurso se utilice exclusivamente para su propósito original: la protección de derechos fundamentales», afirma.
Reformas y soluciones para evitar el abuso del amparo
Para enfrentar este problema, Aguilar Rivera sugiere medidas concretas: fortalecer el debido proceso, garantizar la buena fe procesal y establecer restricciones en la cantidad de veces que un amparo puede ser interpuesto dentro de un mismo proceso judicial. «Es necesario que los jueces rechacen in limine aquellas acciones que sean evidentemente improcedentes y que no respondan a una amenaza real contra los derechos constitucionales», explica.
Además, recalca que los jueces y abogados tienen la responsabilidad ética de no prestarse a maniobras dilatorias. «Un abogado con principios debe rechazar cualquier solicitud de un cliente que busque utilizar el amparo de forma malintencionada», sostiene.
El papel de la Corte de Constitucionalidad y la injerencia política
En un sistema donde la justicia a menudo se ve influenciada por factores externos, Aguilar Rivera enfatiza la importancia de la independencia judicial. «La Corte de Constitucionalidad tiene la obligación de actuar con imparcialidad y garantizar la defensa del orden constitucional. No debe ceder ante presiones políticas ni económicas», advierte.
Sin embargo, reconoce que la injerencia del poder político en la justicia es una realidad global, y Guatemala no es la excepción. «Por ello, los funcionarios judiciales deben estar preparados para rechazar cualquier intento de manipulación y garantizar la transparencia en sus decisiones», argumenta.
Foto: Corte de Constitucionalidad
Conclusión: Hacia una justicia equilibrada
El amparo es un pilar fundamental en la defensa de los derechos humanos y la democracia en Guatemala, pero su mal uso ha generado una crisis en la administración de justicia. Edgar Osvaldo Aguilar Rivera nos deja una reflexión contundente: «La cultura de legalidad es clave. Si no fortalecemos la ética y el compromiso con la justicia, seguiremos viendo cómo el amparo, en lugar de ser un escudo de protección, se convierte en una barrera para la justicia».
Las palabras del jurista resuenan como un llamado a la acción para que tanto las autoridades judiciales como la sociedad en su conjunto exijan un uso adecuado del amparo, preservando así su verdadero propósito: la protección de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos.