La elección de rector en la Universidad de San Carlos de Guatemala se desarrolla en medio de cuestionamientos por posibles irregularidades que, según distintos sectores, podrían influir en el resultado antes de la votación. El proceso actual es señalado como una continuación de las prácticas observadas en 2022, cuando Walter Mazariegos asumió el cargo en un contexto de denuncias y conflicto institucional.
Diversos actores coinciden en que el punto crítico del proceso no radica únicamente en la votación, sino en la conformación del padrón electoral universitario. La acreditación de los cuerpos electorales (integrados por docentes, estudiantes y profesionales) se ha convertido en el elemento determinante para definir quién puede votar y, en consecuencia, incidir en el resultado final.
El Consejo Superior Universitario ha sido señalado por concentrar funciones clave dentro del proceso electoral, especialmente tras reformas reglamentarias que eliminaron contrapesos como el Tribunal Electoral universitario. Esto ha generado críticas al considerar que el órgano actúa simultáneamente como administrador, árbitro y decisor del proceso.
A nivel normativo, expertos advierten posibles contradicciones entre el reglamento electoral y la Ley Orgánica de la universidad. Mientras la ley no establece un mecanismo específico para la acreditación de electores, las modificaciones reglamentarias otorgan al Consejo la facultad de validar o excluir cuerpos electorales, lo que abre espacio a interpretaciones discrecionales.
En términos prácticos, la oposición asegura haber ganado la mayoría de los cuerpos electorales; sin embargo, una parte significativa no ha sido acreditada. Este desfase ha generado una asimetría en la integración del padrón, que podría traducirse en un quórum reducido pero controlado, favoreciendo a los sectores afines a la actual administración.
Otro elemento bajo análisis es la sede de la elección, programada fuera de la capital. Aunque no es ilegal, distintos sectores consideran que esta decisión, sumada a posibles acreditaciones tardías, podría limitar la participación efectiva de electores no alineados, replicando condiciones observadas en el proceso de 2022.
Además, la falta de transparencia ha sido un factor recurrente. Restricciones al acceso de prensa, incertidumbre sobre la legalidad de las resoluciones y ausencia de mecanismos independientes de verificación han debilitado la confianza en el proceso, reforzando la percepción de una institucionalidad en crisis.
En el plano legal, sectores opositores han presentado acciones de amparo ante distintas instancias judiciales, incluyendo la Corte de Constitucionalidad, buscando garantizar su participación. No obstante, la falta de resoluciones oportunas ha limitado el impacto de estas acciones en el desarrollo inmediato del proceso.
Más allá de la elección universitaria, analistas coinciden en que el resultado tendrá implicaciones en el sistema político nacional. El control de la USAC incide en espacios clave como comisiones de postulación y otras instancias del Estado, por lo que la disputa trasciende el ámbito académico y se inserta en una dinámica más amplia de control institucional en Guatemala.