Por: Héctor García
La tensión política en Guatemala ha alcanzado nuevos niveles después de que el presidente Bernardo Arevalo, nuevamente solicitara el retiro de inmunidad de la fiscal general Consuelo Porras, acusándola de abuso de autoridad. Este movimiento ha generado un intenso debate en el país, profundizando la crisis entre el Ejecutivo y el Ministerio Público.
Desde que el mandatario asumió el poder, ha requerido a la fiscal general su renuncia, señalándola de no investigar la corrupción del gobierno anterior, cuyo presidente fue quien la designó para el cargo.
En una reciente solicitud presentada al C.C., el presidente Arevalo argumentó que Porras ha actuado en forma abusiva en el ejercicio de sus funciones y ha usado su posición para proteger a individuos involucrados en corrupción. La solicitud, que ha sido interpretada como un intento de poner fin a lo que Arevalo considera una interferencia en la lucha contra la corrupción, ha provocado una respuesta enérgica por parte de la fiscal general.
Porras y varios de sus trabajadores mantienen una afrenta constante contra Arévalo y su gobierno que comenzó desde el momento en que fue reconocido como uno de los dos candidatos que se disputarían la presidencia en 2023, y que finalmente ganó Arévalo en las elecciones.
Desde entonces, la fiscalía ha allanado sedes electorales, presentado solicitudes de retiro de inmunidad a magistrados electorales y al mismo presidente, así como acciones contra miembros del partido político Movimiento Semilla con el que Arévalo ganó la presidencia. También ha emprendido acciones contra trabajadores electorales y unos 150.000 ciudadanos que participaron en las mesas electorales recibiendo, resguardando y contando los votos, por diversas acusaciones, entre ellas un supuesto fraude.
“Esta solicitud del presidente no solo es un ataque directo a la independencia del Ministerio Público, sino también una maniobra para distraer la atención de las verdaderas prioridades del país”, afirmó Consuelo Porras en una conferencia de prensa. “Mi trabajo ha sido siempre guiado por el principio de justicia, y las acusaciones de Arevalo son completamente infundadas.”
La solicitud de Arevalo incluye una serie de alegaciones que van desde la manipulación de casos judiciales hasta el uso indebido de su cargo para fines políticos. En su declaración, el presidente destacó: “La solicitud de retirar la inmunidad a la fiscal general no es un acto contra la institución del Ministerio Público, sino un paso necesario para garantizar que se haga justicia. No podemos permitir que nadie esté por encima de la ley.”
La petición de Arevalo, desencadenará un proceso que podría involucrar audiencias y debates en el Legislativo, donde se evaluará la validez de las acusaciones y se decidirá si se procede con la retirada de inmunidad. Este proceso promete ser un campo de batalla político que reflejará las tensiones actuales entre el Ejecutivo y el Poder Judicial.