El 3 de octubre de 2025, el Presidente Bernardo Arévalo ejerció su facultad constitucional y emitió el veto al Decreto 7-2025 (Ley de Fortalecimiento Financiero y Continuidad de Proyectos de los Codedes), aduciendo vicios de inconstitucionalidad. La norma, aprobada por el Congreso, permitía que los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes) retuvieran fondos no ejecutados con menos controles, una fórmula que generó rechazo en sectores sociales y empresariales por los riesgos de discrecionalidad en el gasto público.
Al día siguiente, la polémica escaló: la alianza opositora del Congreso decidió no “conocer” ese veto, argumentando que el mismo no tenía vigencia formal ni cumplía requisitos técnicos que permitieran su aplicación. Así, el 7 de octubre los diputados aprobaron el Acuerdo Legislativo 6-2025 para desconocer el veto presidencial y ordenar la publicación inmediata de la ley. Para los opositores, el veto fue “tardío” o defectuoso: señalaron que la Secretaría General de la Presidencia omitió incluir un artículo de vigencia, lo que según ellos invalidaba su validez legal. Bajo esa interpretación, el plazo para vetar había expirado.
En respuesta, el Ejecutivo no tardó en levantar su bandera legal. El gobierno calificó la decisión del Congreso como una “argucia” que violentaba la Constitución, y dejó claro que no publicaría aquiescencia a tal maniobra. Al mismo tiempo, señaló que numerosos vetos presidenciales anteriores (más de 50 en registros históricos) no contenían fecha de vigencia ni fueron publicados formalmente. El 10 de octubre, el gobierno presentó una acción de amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC), pidiendo que el Acuerdo 6-2025 del Congreso quede sin efecto por vulnerar el derecho de veto presidencial. Según la Presidencia, el Congreso “transgredió” ese derecho al ignorar el veto bajo argumentos formalistas que el Ejecutivo considera incorrectos.
La CC admitió la acción y exigió que el Congreso presente un informe detallado justificando por qué desconoció el veto presidencial. En una resolución, ordenó que esa respuesta se entregara en un plazo de 48 horas, mientras el debate se trasladara de la arena política a la jurisdiccional.
Además del amparo del Ejecutivo, el oficialismo y aliados han presentado otros recursos ante la CC (hasta cuatro), buscando que el Congreso “vuelva a conocer” el veto presidencial y revierta la publicación de la ley. Este giro judicial es estratégico: le permite al Ejecutivo recuperar terreno mediático y legal, reapropiarse de una narrativa institucional (defensa del Estado de Derecho) y reposicionar el eje del conflicto lejos del error administrativo hacia el respeto a los poderes y al control del gasto público.
Si la Corte falla a favor del Ejecutivo, se restablecería la autoridad presidencial en esta materia, se bloquearía la entrada en vigencia de la norma que abre la puerta a usos discrecionales de unos Q9 mil millones para los Codedes, y se establecería un precedente fuerte para futuras negociaciones entre el Gobierno y el Congreso. La batalla legal retomada ante la CC no solo decide una norma puntual: el resultado marcará el equilibrio institucional entre Ejecutivo y Legislativo, la operatividad del presupuesto 2026 y el alcance real del control ciudadano sobre el gasto. Guatemala observa si la Corte respalda el veto o abre paso a una normativa con alto riesgo de corrupción.