En un país donde la justicia pareciera operar con doble vara, el caso de Luis Enrique Hernández Azmitia vuelve a poner en evidencia el uso político de las instituciones del Estado para proteger a personajes cuestionados, incluso cuando existen órdenes judiciales claras en su contra. La reciente orden de captura girada por el Juzgado Segundo Pluripersonal de Paz Penal contra el exdiputado por el delito de negación de asistencia económica no solo fue ignorada por el Ministerio Público, sino que terminó expuesta como un nuevo ejemplo de protección institucional desde adentro.
Pese a que el juzgado había emitido formalmente la orden de aprehensión en junio de 2025, la Fiscalía de la Mujer, dependencia encargada de dar seguimiento al caso, bloqueó su ejecución al no remitir la orden a la Policía Nacional Civil (PNC), impidiendo así que se materializara la captura. El argumento oficial fue que Hernández Azmitia no había sido notificado, lo que sirvió para reprogramar la audiencia. Sin embargo, la presencia en esa audiencia de Pedro Otto Hernández, auxiliar fiscal y ahijado de la Fiscal General Consuelo Porras, dejó entrever un posible conflicto de interés directo y un patrón de protección política personalizada.
Este tipo de maniobras legales no son aisladas. Al contrario, forman parte de una estructura de impunidad arraigada en el sistema judicial, donde el Ministerio Público ha sido instrumentalizado para proteger a aliados y perseguir a críticos. La figura de Pedro Otto Hernández en este caso particular no solo plantea dudas éticas, sino que expone una red de lealtades personales dentro de una institución que debería ser garante de justicia y no un muro de contención para encubrimientos políticos.
Hernández Azmitia, lejos de ser una figura secundaria, es un símbolo del reciclaje político en Guatemala. Su trayectoria evidencia una habilidad para transitar entre partidos y gobiernos, a menudo rodeado de polémicas, denuncias y alianzas con personajes señalados por corrupción. De viceministro del MIDES bajo el gobierno de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti (ambos condenados) pasó a diputado con el partido VIVA, y luego al Movimiento Reformador de Alejandro Sinibaldi, también prófugo por corrupción.
Más tarde, se sumó al partido FCN-Nación, del expresidente Jimmy Morales. En 2019 intentó volver al Congreso con el partido Podemos, de Roberto Arzú, y en 2023 con el mismo FCN. En ambas ocasiones, el Tribunal Supremo Electoral le negó su participación, ya sea por transfuguismo o por tener procesos judiciales abiertos, pero el término utilizado fue «no idóneo». Su nombre ha estado más vinculado a la polémica y el escándalo que a una gestión pública transparente.
Pero su historial político no es el único motivo de preocupación. En 2019, su expareja lo denunció por violencia física y verbal, una denuncia que sigue vigente y que también fue tomada en cuenta por el TSE para considerarlo no idóneo para el ejercicio de un cargo público. Ese mismo año, su madre —Marta Azmitia de Hernández— pidió públicamente no ser vinculada con su hijo, afirmando que no tenía relación con él desde hacía más de dos décadas.
El uso de cargos públicos y la cercanía con figuras de poder han sido constantes en su carrera. En 2020, bajo el gobierno de Jimmy Morales, fue nombrado consejero ante la OEA, en un cargo que el propio Ejecutivo justificó por su “conocimiento en vida y familia”. La designación provocó críticas por la falta de mérito y por ser una muestra más del reparto político de puestos diplomáticos.
Hoy, ya fuera del Congreso y de cargos diplomáticos, Hernández Azmitia ha reinventado su presencia pública como operador de desinformación, alineado con el discurso de fraude electoral promovido desde sectores cercanos al MP. A través de su podcast y redes sociales, difunde narrativas que atacan a periodistas, exfiscales y defensores de derechos humanos, en lo que parece ser una extensión mediática del netcenter político que protege a figuras del viejo sistema.
Su presencia en instalaciones del Ministerio Público, usando espacios restringidos y manteniendo reuniones sin explicaciones oficiales, no hace más que confirmar la complicidad institucional que lo rodea. La protección brindada desde el aparato judicial no responde al azar, sino a una estructura que opera para garantizar impunidad a sus aliados y perseguir a quienes la desafían.
En un sistema donde la justicia se aplica según conveniencia política, el caso de Hernández Azmitia no es solo una anécdota personal, sino una muestra del funcionamiento perverso del Estado. La orden de captura bloqueada por la propia Fiscalía debería ser un escándalo nacional. Y, sin embargo, sigue en la sombra, gracias a una institucionalidad cooptada que ha hecho de la impunidad una política de Estado.