Por: Jefferson TM
Guatemala enfrenta un alarmante aumento de la inseguridad vinculado a la crisis económica: un análisis entre 2021 y 2023
Guatemala, noviembre de 2024 – La inseguridad y el deterioro económico en Guatemala han mostrado ser factores estrechamente relacionados que, en conjunto, representan una amenaza creciente para la estabilidad del país. Durante el periodo entre 2021 y 2023, los guatemaltecos han enfrentado un aumento en delitos como robos, asaltos y extorsiones, mientras que el desempleo y el cierre de negocios han colocado a la población en una situación de alta vulnerabilidad. Este contexto genera preocupación, no solo por el impacto inmediato en la seguridad y economía, sino también por la perpetuación de un ciclo de violencia y precariedad que debilita el tejido social.
A continuación, se presenta un análisis de los patrones en criminalidad y empleo en los últimos tres años, exponiendo cómo ambos factores se afectan mutuamente y profundizan las brechas en la economía y seguridad guatemalteca.
Aumento de robos, asaltos y extorsiones: un reflejo de la crisis social
En los últimos tres años, los robos, asaltos y extorsiones han mostrado una tendencia al alza, particularmente en las áreas urbanas y en sectores comerciales de ciudades como la capital. La extorsión, en especial, se ha convertido en una carga difícil de manejar para pequeños comerciantes, empresarios y microempresas. Las estadísticas oficiales indican que en sectores donde predomina el comercio minorista, las extorsiones funcionan como un “impuesto no oficial” que muchos comerciantes se ven obligados a pagar para evitar daños o amenazas contra sus negocios y familias.
Según un informe reciente del Ministerio de Gobernación, los delitos de robo y asalto se han incrementado en un 20% respecto al 2020, mientras que la extorsión sigue siendo uno de los problemas más frecuentes y graves, especialmente en barrios y zonas de alta densidad poblacional. Estos crímenes no solo afectan las operaciones comerciales de pequeños empresarios, sino que también generan un clima de miedo que impacta la movilidad de los ciudadanos, quienes temen salir de noche o transitar por ciertas áreas. En algunos casos, las víctimas prefieren cerrar sus negocios antes de exponerse al riesgo continuo de ser extorsionados o asaltados, lo cual representa una pérdida significativa de empleos y afecta la dinámica económica local.
Capturas y sistema judicial: una lucha contra la impunidad
A pesar de los esfuerzos de las fuerzas de seguridad para aumentar el número de capturas, los índices de criminalidad no han mostrado una disminución significativa, lo que pone en evidencia una problemática estructural en el sistema judicial. Las estadísticas de la Policía Nacional Civil (PNC) muestran que, aunque el número de capturas de individuos involucrados en actos delictivos ha crecido, la reincidencia sigue siendo alta. Esto se debe, en gran parte, a que los procesos judiciales son lentos y muchas veces no conducen a condenas efectivas, lo que permite que los delincuentes vuelvan a las calles en poco tiempo.
El fenómeno de la impunidad, característico en Guatemala, se convierte en un motor que perpetúa el ciclo de criminalidad. Según el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala, cerca del 95% de los delitos cometidos quedan impunes, una cifra que refleja el escaso impacto que las capturas pueden tener en la disminución del crimen. La falta de seguimiento en los procesos judiciales y la insuficiencia de recursos en el sistema penal hacen que la efectividad de las fuerzas de seguridad sea limitada, afectando la percepción de justicia y seguridad entre los ciudadanos. Este clima de impunidad no solo genera desconfianza en el sistema judicial, sino que también incentiva a los delincuentes a seguir operando, pues las probabilidades de enfrentar consecuencias son mínimas.
Desempleo y cierre de negocios: el efecto colateral de la pandemia y la crisis económica
La crisis económica, exacerbada por los efectos de la pandemia, ha dejado una estela de desempleo y cierre de negocios que ha profundizado la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran miles de familias guatemaltecas. Entre 2021 y 2023, el desempleo ha incrementado considerablemente, afectando especialmente a los jóvenes y a personas con bajos niveles educativos, quienes enfrentan mayores dificultades para encontrar empleos formales. En este contexto, el cierre de pequeños negocios ha sido una constante, y con cada empresa que cierra, aumenta la presión sobre el mercado laboral y disminuyen las opciones de ingreso para los guatemaltecos.
La situación se agrava cuando se observa que la falta de empleo empuja a muchas personas a trabajar en la economía informal, donde la inestabilidad y la precariedad son comunes. Sin embargo, la informalidad no solo afecta la economía familiar, sino que también está estrechamente relacionada con el crecimiento de la criminalidad. La falta de opciones laborales en el sector formal hace que algunos individuos, especialmente jóvenes sin oportunidades, consideren las actividades ilegales como una alternativa para obtener ingresos. Así, el desempleo y el cierre de negocios no solo debilitan la economía, sino que también contribuyen a un ambiente en el que la delincuencia parece ser una opción viable para aquellos que se encuentran en una situación límite.
Correlación entre inseguridad y economía: un ciclo vicioso difícil de romper
El análisis de estos tres años revela que la inseguridad y la economía en Guatemala están atrapadas en un círculo vicioso que afecta tanto el bienestar social como la prosperidad económica. La falta de empleo y el cierre de negocios crean un ambiente propicio para el aumento de la criminalidad, mientras que la inseguridad frena la inversión y desalienta la creación de nuevos negocios. A medida que los inversionistas observan un panorama inestable y riesgoso, deciden no invertir en sectores que podrían ser productivos y generadores de empleo.
Por otro lado, la inseguridad implica un costo adicional para aquellos negocios que permanecen abiertos. Los empresarios y comerciantes se ven obligados a invertir en sistemas de seguridad, lo que reduce su capacidad de crecimiento y limita la generación de empleo. En sectores donde la extorsión es una práctica habitual, los costos adicionales se traducen en precios más altos para el consumidor, y muchos emprendedores optan por trasladar sus operaciones o incluso cerrar definitivamente.
Conclusión
La situación en Guatemala entre 2021 y 2023 demuestra que la inseguridad y la crisis económica están profundamente interconectadas y que, mientras no existan políticas efectivas que aborden ambos problemas de manera coordinada, el país seguirá atrapado en un ciclo de precariedad y violencia. Es fundamental que el gobierno implemente políticas de seguridad más eficientes, con una administración de justicia más sólida y ágil que asegure que los delincuentes enfrentan las consecuencias de sus acciones, reduciendo así los niveles de impunidad.
Además, es crucial el impulso de políticas de desarrollo económico que fomenten la creación de empleo y el fortalecimiento de las microempresas, que son las más afectadas tanto por la crisis económica como por la inseguridad. La promoción de programas de empleo juvenil y apoyo a los emprendedores podría ser una solución viable para reducir la criminalidad, ofreciendo alternativas a quienes se ven empujados hacia actividades ilícitas. La única forma de romper este ciclo es a través de una estrategia integral que aborde tanto la seguridad como el crecimiento económico, creando así un entorno más estable y seguro para todos los guatemaltecos.