El asesinato de Juan Francisco Solórzano Foppa, ocurrido la mañana del 17 de octubre de 2026 en las canchas del Campo Marte, zona 5 de la capital, trascendió rápidamente la categoría de un hecho criminal ordinario. El exfiscal del MP y exsuperintendente de la SAT fue atacado a tiros mientras se encontraba en una actividad de fútbol; en el mismo hecho murió Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro y otras personas resultaron heridas. Las primeras pesquisas apuntaron a la participación de varias personas vestidas con ropa deportiva.
Uno de los elementos que aumenta las interrogantes es que Solórzano Foppa contaba con protección policial. Cuatro agentes estaban asignados a su seguridad y ese día lo acompañaban junto a su hijo menor de edad. De acuerdo con Gobernación, los escoltas permanecieron aproximadamente a 30 o 40 metros cuando ocurrió el ataque. Además, el abogado frecuentaba Campo Marte desde hacía alrededor de 15 años, particularmente los sábados, lo que obliga a investigar si los atacantes conocían previamente sus rutinas y si existió vigilancia o planificación antes del crimen.
Las primeras capturas, lejos de cerrar el caso, abrieron una segunda línea de cuestionamientos. Rigoberto y Daniel Choc Toz fueron detenidos unos diez minutos después del ataque en zona 16, pero un juzgado decretó falta de mérito y ordenó su libertad. Uno de ellos denunció que agentes policiales habrían colocado una carabina en la mochila que utilizaban para realizar entregas; esa versión no está comprobada, pero provocó una investigación sobre el procedimiento. Hasta ahora tampoco se ha establecido públicamente que el arma incautada haya sido utilizada en Campo Marte, mientras varios policías están bajo investigación por posibles irregularidades en las capturas.
El caso se convirtió así en una doble prueba para el sistema de justicia: esclarecer el asesinato y determinar qué ocurrió durante las actuaciones policiales posteriores. El Ministerio Público mantiene las diligencias bajo reserva y asegura haber enviado indicios para análisis técnico y científico, además de contar con cooperación internacional. Paralelamente, equipos especializados de investigación criminal y videoforense de la PNC trabajan sobre cámaras, recorridos y otros datos. La preservación de la cadena de custodia adquiere especial relevancia porque cualquier contaminación o manipulación de evidencias podría comprometer una investigación que ya está bajo fuerte escrutinio público.
La trayectoria de Solórzano Foppa amplía considerablemente el universo de posibles líneas de investigación. Durante más de una década trabajó en el Ministerio Público en áreas vinculadas con homicidios, extorsiones, pandillas, lavado de dinero y delincuencia organizada, y dirigió estructuras de análisis criminal. También participó en investigaciones relacionadas con La Línea, el caso de defraudación aduanera que derivó en procesos contra el expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti. Entre 2016 y 2018 dirigió la SAT, donde su administración impulsó cobros millonarios de impuestos y sostuvo enfrentamientos con sectores empresariales y políticos.
En sus últimos años, Foppa mantuvo además un perfil público particularmente activo. Utilizaba las redes sociales para cuestionar actuaciones del sistema de justicia, analizar hechos de seguridad y formular denuncias sobre posibles vínculos entre estructuras criminales, políticos y funcionarios. Algunas de esas acusaciones nunca fueron comprobadas de manera independiente, un dato fundamental para evitar convertirlas retrospectivamente en explicación del asesinato. Sin embargo, su exposición pública, sus antiguos casos, sus clientes, las investigaciones en las que participó y sus publicaciones recientes constituyen necesariamente elementos que los investigadores deberán reconstruir si pretenden identificar el verdadero móvil.
Por esa razón, calificar desde ahora el asesinato como un crimen político sería prematuro, pero descartarlo sin investigar esa posibilidad también lo sería. El homicidio ocurre en un país donde fiscales, jueces, periodistas y defensores vinculados a investigaciones anticorrupción han denunciado persecución, amenazas o se han marchado al exilio, y a pocos meses de que Guatemala entre de lleno en el proceso electoral de 2027. Organizaciones como Human Rights Watch y la OEA han pedido una investigación pronta, exhaustiva e independiente, precisamente porque el impacto del crimen supera a la víctima: un asesinato de esta naturaleza puede producir un efecto de intimidación sobre quienes investigan o denuncian estructuras de poder.
La pregunta decisiva, por tanto, no es únicamente quién disparó. El caso solo podrá considerarse esclarecido si se determina quién planificó el ataque, quién lo financió, cuál fue el móvil y si existieron redes de apoyo antes o después del crimen. Las dudas alrededor de las primeras capturas hacen todavía más necesaria una investigación técnicamente sólida y verificable. Si el proceso termina únicamente con la identificación de ejecutores materiales (o, peor aún, con responsables equivocados) quedará abierta la interrogante que hoy convierte la muerte de Solórzano Foppa en un asunto de alcance nacional: si Guatemala tiene capacidad institucional para investigar un crimen que pudo haber tocado intereses mucho más grandes que los de quienes apretaron el gatillo.